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Abortos no punibles

Por Luciana Peker
El Código Penal es de 1921. Hace 89 años que en la Argentina hay situaciones en las que el aborto es legal. Y sin embargo, hace –casi– un centenario que el Código Penal no se cumple. Los casos de aborto legal –-en el que una mujer es violada, una niña es discapacitada, corre peligro la salud o vida de la madre o el embarazo es inviable– no se cumplen por un cuento de la mala pipa en el que los médicos/as le piden a la Justicia que autorice el aborto y, mientras la gestación avanza, las mujeres sufren una doble victimización y, muchas veces, se llega a no cumplir con su derecho, a que sea demasiado tarde, o a la muerte de las mujeres.
Por eso, en la gestión de Ginés González García se implementó una Guía de Abortos no Punibles con el fin de normativizar esta ley y que las y los médicos ya no recurran a la Justicia sino que sepan qué hacer cuando llega una mujer que responde a los requisitos para acceder a un aborto no penado por la ley argentina. La posterior gestión de Graciela Ocaña (que ya se sacó una foto y está trabajando junto a Adrián Pérez, el escudero de Lilita Carrió en la Coalición Cívica) dejó en stand-by esta manera de ejecutar –ni siquiera avanzar, sino implementar– los
derechos ya adquiridos por ley pero negados en la práctica y que dejan marcas indelebles sobre los cuerpos de las mujeres.
Con el objetivo de terminar con la confusión de la letra chica de la interpretación del artículo 86 del Código Penal y priorizar la atención a las mujeres, este año se presentó frente a organismos internacionales de Derechos Humanos una actualización de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles, con el compromiso de que la misma tendría carácter de resolución ministerial. Sin embargo, una vez presentada la guía en nuestro país, el ministro de Salud, Luis Manzur, dio marcha atrás y no firmó la resolución quitándole fuerza a esa herramienta útil para no dilatar más las urgencias de mujeres con derechos escritos que también deben ser derechos reales. De todos modos, la guía está vigente y su interpretación amplia del artículo 86 incluye tomar en cuenta el riesgo para la salud de la mujer gestante (igual que en la guía 2007), reconocer el derecho de cualquier mujer violada –sin necesidad de denuncia policial sino mediante declaración jurada– a acceder a un aborto seguro y gratuito y la protección de las adolescentes para reclamar su derecho a abortar –siempre en caso de violación– sin autorización de padres o madres.
A pesar de las operaciones mediáticas para hacer pasar la guía por lo que no es (una legalización encubierta), el protocolo no cesó. Marta Alanís, Católica por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aclara: “La guía técnica de abortos no punibles sigue vigente en el Ministerio de Salud de la Nación a pesar de que no tenga el rango de resolución y es un instrumento que orienta desde argumentos legales y médicos a los servicios de salud de todo el país. Hay provincias que tienen una ley similar a este protocolo, otras que tienen resoluciones ministeriales para regular sin problemas el acceso de una mujer a un aborto cuando es legal según el artículo 86 del Código Penal. Luego, algunas provincias que no tienen resolución ni ley se guían por este protocolo y también hubo algunos avances en la atención sin necesidad de judicializar los casos y preservando la intimidad de la mujer o niña que lo solicita”.
Por otra parte, no es la primera vez que se protocolizan los abortos no punibles. Estas normas ya existen en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, para aclarar los tantos y que ninguna mujer quede afuera de un aborto seguro, legal y gratuito, justamente, ante abortos que –por leyes de principios del Siglo XX– deben ser legales, seguros y gratuitos.
Un reclamo de organismos internacionales
Por otra parte, esta actualización de la guía –llevada a cabo por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable– dice cuándo y cómo actuar cuando llega una mujer violada o con peligro sobre su vida o su salud a un hospital y viene a responder a pedidos internacionales que señalan que la Argentina tiene una deuda pendiente.
Entre el 8 y el 26 de marzo del 2010 sesionó (por 98ª vez), en Nueva York, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que examinó el informe argentino presentado sobre avances (en general) de derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. El 23 de marzo el relevante organismo hizo las siguientes observaciones en su apartado número 13: “El comité expresa su preocupación por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo. El Estado Parte (Argentina) debe modificar su legislación de forma que la misma ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos
clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”, retó Naciones Unidas.
Marta Alanís participó, en marzo pasado, de la reunión del Comité de Derechos Humanos y relata cómo la guía no salió de la nada sino de un pedido internacional para que la Argentina se aggiorne y cuide la vida de muchas mujeres. “El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al Estado argentino que realice políticas públicas para garantizar el aborto cuando es legal, criticó la visión restrictiva y absurda de reconocer solamente el caso de violación a personas con discapacidad mental (y no a todas las mujeres violadas) y recomendó avanzar con la despenalización. Como respuesta, la delegación oficial argentina defendió la guía técnica que ahora se presentó en Argentina.”
En este contexto, el lanzamiento de la guía para la implementación de abortos no punibles no hizo otra cosa que seguir las recomendaciones de Naciones Unidas.
La médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, resalta: “Argentina firmó el tratado de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), el de Derechos Humanos y el de Derechos Sociales y Económicos. Cada tratado tiene un comité de expertos que periódicamente revisan la situación de las naciones: el país hace un informe. Respecto de la muerte materna y de que la principal causa sean las complicaciones por aborto, el Comité de la Cedaw, en el 2004, hizo una recomendación al Gobierno de que debía asegurar a las mujeres el acceso al aborto no punible”.
Por eso, el Estado generó algunas modificaciones y las mostró como pasos adelante. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resalta: “En el reciente reporte al Comité Cedaw, el Estado Nacional indicó como uno de sus logros que `se elaboró y actualizó la guía de atención integral para casos de abortos no punibles, aprobada el 12 de julio del corriente año’”.
Por esta razón, la Campaña reclamará hoy, a las 12 horas, ante las autoridades del Ministerio de Salud, la firma de la resolución ministerial que avale y dé alcance nacional a la aplicación de la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles.
La legisladora porteña María Elena Naddeo enmarca: “Las conferencias de población celebradas en El Cairo, en 1994, y en Beijing, en 1995, incorporan estos derechos como derechos humanos básicos y obligan a los Estados parte a adoptar e implementar políticas publicas destinadas a preservar la salud integral de las mujeres. Tenemos que superar los dogmas y los enfoques patriarcales sobre el cuerpo de las mujeres porque las mujeres y las adolescentes pobres son quienes sufren las consecuencias directas del poder hegemónico vigente”.
Tres mil mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia
Por CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esta altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino está aquí fungiendo en nuestros escenarios cotidianos porque las mujeres desacatan (y van seguir haciéndolo) la ley y el mandato de la Iglesia Católica que les
impide abortar. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derechos, en otra coyuntura histórica se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar. Sí hay injusticias sociales.
Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra mil millones de pesos anuales, una cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó –durante el año 2009– el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Cada año mueren en Argentina, según estadísticas oficiales, cien mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un subregistro en el registro de la mortalidad por gestación y siempre son mujeres pobres y jóvenes. Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino; esto quiere decir, que en casi treinta años de democracia ininterrumpida esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas y evitables.
Son mujeres a las que se les niega un derecho humano principalísimo: el derecho a existir, a ser y no sólo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la “justicia social” y a los llamados “planes de igualdad de oportunidades”.
La consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60 por ciento de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70 por ciento de las personas entrevistadas. Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte.
Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente. Es hora de que esté dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Es hora de ser el país en el que la presidenta, los gobernantes y legisladores/as y la democracia estén dispuestos a que los derechos humanos contemplen las necesidades particulares de las humanas.
Por eso, exigimos 1) la sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina; 2) la aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal; 3) la efectivización de una resolución ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud; 4) la plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.

* En esta columna está sintetizado un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La guía es un paso adelante
Por MARTA ALANIS, PAOLA BERGALLO, MABEL BIANCO, GUILLERMO CARROLI, SUSANA CHIAROTTI, VIRGINIA FRANGANILLO, VALERIA ISLA, GLADYS PONTE, SILVINA RAMOS, MARIANA ROMERO Y EUGENIA TRUMPER.
Las y los integrantes del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ante los hechos ocurridos en relación con la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles consideramos que, habiendo participado activamente desde 2007 en la elaboración de la Guía Técnica de Atención Integral a los Abortos No Punibles que regula la prestación sanitaria de los abortos permitidos por la ley, se ha dado un paso adelante con su reciente revisión, actualización y publicación. También es un paso adelante en el compromiso con una política pública que garantice el cumplimiento de la ley, la existencia de una resolución ministerial por parte de la máxima autoridad sanitaria.
Entendemos que si bien la guía se encuentra disponible desde el 2007, han existido serias dificultades para su implementación. En este sentido, el aval de una resolución ministerial cumple un rol fundamental para avanzar en la garantía del reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.
Insistimos, a la luz de las expresiones contradictorias que han circulado en distintos ámbitos en estos últimos días, en la necesidad de trabajar en la implementación de la guía, instrumento clave para que el Estado, sus funcionarios y los servicios de salud den cumplimiento a sus obligaciones.
Entendemos que la insuficiencia en la vigencia e implementación de una política pública en materia de acceso a los abortos permitidos por la ley argentina, pondría al Estado en una situación de incumplimiento con las ciudadanas tal como lo refleja la denuncia que el Estado tiene frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esperamos que las autoridades sanitarias adopten todas las medidas necesarias para implementar efectivamente la guía técnica, acompañada del aval institucional y político que se requiere.

Fuente: Pagina12. Las12.- 30/07/10